Más de 200 representantes de los diversos comités de Agua Potable Rural (APR) que existen en la región se dieron cita durante dos jornadas, la primera en Ovalle y otra en dependencias del MOP en La Serena, para conocer los alcances del proyecto de Ley de Agua Potable Rural que busca lograr el saneamiento de dichos APR.
“Las principales características de este proyecto es regular los sistemas sanitarios rurales en Chile. En la actualidad, los sistemas de agua potable rural no tienen una normativa que los ordene, que los regularice, que establezca normas claras de su funcionamiento, es por ello la necesidad de esta normativa” señaló Marcelo Hurtado, abogado del Departamento de Programa Sanitario del Ministerio de Obras Públicas.
Por su parte el seremi de Obras Públicas de Coquimbo, Luis Cobo, destacó que “estas jornadas impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas, buscan que los principales responsables de los APR, como los comités y las cooperativas, estén informados respecto a los objetivos de esta modificación legal que ya se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Obras Públicas”
Durante los talleres, los representantes de los APR efectuaron consultas y entregaron su visión en torno al proyecto de ley. “Me pareció correcta, con harto que entregarle a los comités. Fue bastante claro el abogado del Ministerio de Obras Públicas, así es que quedé conforme”, señaló Sergio García, de El Romero, sobre esta jornada.
Los representantes de los APR de la Región de Coquimbo, conocieron las indicaciones sustitutivas que se han presentado al proyecto, como por ejemplo la mantención de la organización jurídica de Comités y Cooperativas de APR, la apertura de la prestación de los servicios y asesorías a terceros, la entrega en propiedad y de manera indefinida de los activos (terrenos, bombas, redes, etc.) y de soluciones particulares de agua potable y saneamiento para las áreas desconcentradas, siempre que ésta sea autorizada por la autoridad sanitaria, nuevas facultades a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) para la fiscalización de los APR y una nueva propuesta tarifaria, entre otras modificaciones.